Uno de los lugares comunes más repetidos en el discurso político actual es que hay que condenar siempre la violencia venga de donde venga. No es descartable que muchos de los que repiten este mantra lo hagan desde el cinismo: es decir, no consideran sinceramente que siempre la violencia debe ser reprobada, pero cuando quieren condenar un acto violento particular con el cual no están de acuerdo, apelan a este principio normativo general para obtener ventajas políticas. Pero es probable que muchos otros sí sean sinceros al formular esta idea.

Nuevamente, en esta categoría corresponde hacer una diferenciación entre dos grupos. Algunos de ellos aplicarían en efecto a esta norma de forma universal, renunciando siempre a cualquier violencia. Son plenamente pacíficos, eligiendo por tanto el martirio como norma concreta de vida. Si bien estas personas pueden ser éticamente admirables, ninguna comunidad política, y por ende ningún ser humano, puede perdurar a partir de este principio, ya que significaría dejar las puertas abiertas a los enemigos interiores y exteriores.

Debido a esto cualquier posición que tenga como horizonte el bien común requiere aceptar que la violencia es necesaria y que una condena absoluta es una renuncia a la política. Nuevamente, que muchos de quienes hablan de qué siempre hay que condenar la violencia y a la vez participen activamente en la vida política, y que en ambos casos actúen sinceramente, muestra la confusión discursiva y lógica sobre la cual se fundamenta su pensamiento.

Pero esto no nos debe ocultar el problema de fondo. ¿Cuándo la violencia debe ser utilizada? En el caso de los enemigos exteriores existe un cierto consenso actual, basado en el desarrollo y secularización de las teorías de la guerra justa que fueron establecidas por la Iglesia Católica en el medioevo. Como lo indica Tomás de Aquino, para que una guerra sea justa se deben cumplir una serie de condiciones, que se pueden resumir en que el uso de las armas está permitido solo si una autoridad legitima lo ordena, si la causa de la guerra es justa (defender el territorio de un país de una invasión) y si los medios utilizados en la defensa son los correctos.

Respecto a los enemigos internos en cambio, el consenso es mucho más escaso. Las sociedades anteriores a la nuestra, si bien tenían diferencias entre ellas acerca de cuándo la violencia es aceptable y cuándo no, y también conocían disensiones frente a su consenso, solían tener una ideología dominante que generaba un marco normativo coherente a partir del cual sus integrantes podían situarse, ya sea a favor o en contra.

Nuestras sociedades carecen de ese marco. Un ejemplo concreto es la discusión sobre la pena de muerte. ¿Puede la comunidad, a través de su brazo judicial, matar a los culpables de graves delitos? Distintas encuestas de opinión en nuestro país muestran un continuo apoyo al restablecimiento de esta pena, que fue derogada hace dos décadas, pero por una serie de razones legales y políticas, es poco probable que sea reestablecida.

Otro caso es la legitima defensa. Si bien la mayoría de las personas y las leyes de los países occidentales permiten esta figura legal para defender la vida de la persona amenazada directamente y de un tercero, lo que se entiende por amenaza varía enormemente. También la interrogante de si la legitima defensa se extiende a los bienes y al hogar de la persona. ¿Si un desconocido entra a mi casa para robar mis bienes, puedo dispararle pese a que en ese momento no suponga una amenaza directa a mi vida? Según los países o Estados (en algunos países federales) las respuestas son diversas.

¿Son estas variables simplemente las concretizaciones múltiples de un principio general abstracto sobre el que existe un consenso o indica fundamentos distintos? Que haya países donde está permitido matar para defender su propiedad y otros en los cuáles esta situación siempre es condenada indicaría lo segundo. Lo mismo sucede con el uso de las armas por parte de la policía, donde los consensos sociales y la legalidad de su uso cambian no solo en cuanto a la rigurosidad de cuándo pueden usarlas, sino que también frente a qué situaciones deben hacerlo.

Una de las causas probables es que no hay actualmente en Occidente un acuerdo de lo que debe ser el uso legítimo de la fuerza. La ausencia de este principio normativo es a la vez causa y consecuencia de la anomia social y de una comprensión antropológicamente errada del ser humano, que olvida que su esencia es la de un animal social. La violencia, necesaria a toda vida social, es un problema irresoluble para nuestra modernidad, ya que esta última se funda sobre una doble premisa: la bondad del ser humano individual, el cual dejado a su libertad generaría un óptimo social y personal, contra la maldad colectiva de los demás, quienes constituyen una continua amenaza o traba a nuestro desarrollo. De esta forma, los que condenan sinceramente toda violencia terminan siendo unas víctimas más de una imposición ideológica ¿violenta?