El pasado 11 de octubre, la Real Academia de Ciencias de Suecia anunció como ganadores del Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel a los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson. Es el tercer año consecutivo en que el Nobel de Economía destaca a investigadores del campo de la historia económica, luego de la premiación en 2022 a Ben Bernanke, especialista de la Gran Depresión, y en 2023 a Claudia Goldin, experta en historia del mercado del trabajo. Estos reconocimientos subrayan no sólo la importancia de la historia económica como disciplina dentro de las ciencias sociales, sino también su relevancia y capacidad para iluminar los desafíos que enfrentan las economías y sociedades modernas.

La pregunta subyacente en los trabajos de Acemoglu, Johnson y Robinson es una de las más fundamentales de la economía desde los tiempos de Adam Smith y sigue siendo objeto de debates e influenciando la formulación de políticas públicas: ¿qué explica el desarrollo (y el subdesarrollo) de las naciones? Para comprender las causas de la desigualdad económica mundial y por qué algunos países prosperan mientras otros permanecen rezagados, estos autores investigan diversas sociedades y períodos históricos, abarcando desde antiguos reinos africanos y civilizaciones precolombinas en América pasando por el mundo colonial y las experiencias europeas durante la Edad Media y en la modernidad, así como la Unión Soviética, China y Japón. Su análisis revela que el camino hacia el crecimiento sostenido de una nación depende profundamente del tipo y la calidad de sus instituciones económicas y políticas.

Las instituciones de una sociedad, definidas por su sistema legal y su infraestructura organizacional, determinan los incentivos que guían la actividad económica y, en última instancia, su rumbo. Mientras que algunas promueven la competencia y la “destrucción creativa” que impulsa el desarrollo económico, otras inducen comportamientos rentísticos y modelos de crecimiento marcadamente desiguales. Las primeras son de carácter inclusivo, tanto en el ámbito económico como en el político; las segundas, en cambio, concentran el poder en un grupo reducido que se beneficia mediante la extracción de ingresos y riqueza del resto de la sociedad. La clave para el desarrollo radica así en la capacidad de los países para desmantelar estructuras extractivas e implementar marcos institucionales inclusivos que garanticen los derechos de propiedad y las oportunidades político-económicas para amplios sectores de la sociedad, no sólo para la élite. Las instituciones norteamericanas, por ejemplo, aunque marginaron históricamente a ciertos grupos raciales, fueron inclusivas para la mayor parte de la población, sentando de este modo las bases para su progreso sostenido.

América Latina, tras más de tres siglos bajo un esquema institucional profundamente extractivo instaurado por los imperios español y portugués, mantuvo en gran medida este modelo después de la independencia. Acemoglu, Johnson y Robinson señalan que, a pesar de compartir un pasado común, existe una clara y persistente división entre las naciones ricas y pobres dentro de la región. Chile forma parte de los países más prósperos. Junto con Argentina, Brasil, México y Uruguay, se ha distinguido históricamente de otros países con menor desarrollo, como Colombia, Ecuador y Perú, y aún más de naciones con niveles de pobreza más elevados, como Bolivia y Paraguay. En las últimas décadas, Chile ha logrado un desempeño económico notablemente superior al de muchos países de la región, incluso en comparación con sus pares más prósperos, alcanzando niveles de desarrollo que le han permitido reducir la pobreza, mejorar la infraestructura y aumentar considerablemente la calidad de vida de su población.

Acemoglu, Johnson y Robinson señalan que, a pesar de compartir un pasado común, existe una clara y persistente división entre las naciones ricas y pobres dentro de América Latina. Chile forma parte de los países más prósperos.

El desempeño económico de Chile se explica, en gran medida, por el carácter y la calidad de sus instituciones. Durante el período colonial, Chile estuvo relativamente más al margen de sistemas fuertemente opresivos y desiguales, como la encomienda, el repartimiento de mercancías, las reducciones y la mita, que dejaron una pesada herencia de instituciones extractivas en otros países de la región. Posteriormente, tras la independencia y a lo largo de su historia, el país fue progresivamente construyendo las bases de un diseño institucional más adecuado para el crecimiento económico. Se logró establecer un Estado-nación fuerte y una centralización política, condiciones fundamentales para el progreso a largo plazo, avanzando además hacia un sistema pluralista e integral. Con los vaivenes propios de su historia, las instituciones políticas y republicanas del país fueron consolidándose gradualmente, volviéndose más inclusivas y alineadas con los incentivos necesarios para el crecimiento a largo plazo. Actualmente, Chile se destaca como uno de los países de la región con mayor seguridad jurídica y una sólida reputación internacional por la estabilidad de su sistema institucional.

Aunque las instituciones políticas se han vuelto más favorables al progreso, uno de los principales retos que enfrenta Chile para lograr un desarrollo sostenible reside también en sus instituciones económicas. A pesar del significativo crecimiento desde el retorno de la democracia, las estructuras sociales y económicas del país siguen excluyendo a amplios sectores de la población. Si bien existen políticas públicas que promueven la democracia y el libre mercado, persisten marcadas desigualdades regionales, una concentración de poder en manos de pocos actores económicos y una frágil movilidad social. Sólo la confluencia de instituciones políticas y económicas inclusivas, afirman Acemoglu, Johnson y Robinson, puede generar el círculo virtuoso necesario para un crecimiento sostenido en el largo plazo. Así, para avanzar hacia un desarrollo pleno, Chile necesita fortalecer aún más aquellas instituciones que promuevan una mayor equidad en el acceso a oportunidades de sus habitantes.